Phyllis Omido, activista ambiental keniata, ganó un fallo judicial que otorgó alrededor de 13 millones de dólares a una comunidad envenenada por la contaminación por plomo. Fundó la ONG Centro para la Justicia, la Gobernanza y la Acción Medioambiental. La revista Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo.
Phyllis era joven y madre soltera cuando la contrató la empresa india Metal Refinery EPZ, que extraía el plomo de baterías de automóviles usadas. Una de sus primeras tareas fue elaborar un informe de impacto ambiental con un equipo de expertos.
Descubrieron que durante el proceso de derretimiento se estaban propagando sustancias tóxicas por el aire y el agua de Owino Uhuru, un barrio pobre ubicado en Mombasa, la segunda mayor ciudad keniana y principal puerto de África oriental.
Sugirieron cerrar la fábrica y reubicarla, la gerencia desestimó el estudio y la sacó del proyecto. A los meses su hijo de dos años se enfermó, al igual que muchos otros. Cuando lo ingresaron al hospital por complicaciones pidió que le hicieran un test de envenenamiento por plomo. Sus niveles en la sangre eran peligrosamente altos.
Renunció a su puesto en la fábrica y presionó a la empresa para que pagara los tratamientos. Escribió a agencias gubernamentales en busca de acciones para detener la contaminación. Impulsó a los habitantes a movilizarse por su cierre.
“Me ignoraron”, contó. Incluso la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental (Nema) le respondió “que lo que estaba diciendo era ficticio”. Juntó más pruebas para defender su caso, las autoridades la acosaban. Después de un atentado en su contra se escondió por meses, pensó en abandonar la lucha.
Luchó durante más de 10 años para llevar el caso a los tribunales. En el 2020, la jueza Anne Omollo declaró que el Estado y dos inversores privados deben indemnizar a los habitantes de Owino Uhuru. También decretó que las agencias de medioambiente del Estado deben limpiar la zona de restos de plomo provenientes de la fábrica.
